No tenían seguro de vida. Tampoco figuraban en planilla ni estaban afiliados a Essalud. Por eso, si los ocho obreros que fallecieron sepultados en Gamarra hubieran sobrevivido, sus familias se habrían visto en la necesidad de mendigar ayuda.
¿Y quién es el responsable? Mario Huamán, secretario general de la CGTP, considera que el Gobierno tiene gran parte de la culpa pues -según arguye- conoce de esta situación y no hace nada para mejorar las condiciones laborales de los obreros.
"Cuando denunciamos los maltratos, nos tildan de comunistas. Estas son las consecuencias de la falta de respeto a los derechos laborales", subrayó.
Huamán agregó que existen más de 200 mil obreros que, al igual que los fallecidos, están desprotegidos. Se calcula que hay más de un millón de empleados de diversos sectores en la misma situación. Exigió que se aplique todo el peso de la ley sobre Gerardo Mamani, propietario del terreno donde se produjo el derrumbe. Anunció que las víctimas recibirán apoyo legal de la CGTP y 10 mil soles de ayuda.
Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama opinó que el Gobierno no ha cumplido con su labor de fiscalización. "No existe un marco de regularización y fiscalización adecuado. En este caso, yo diría que ha habido omisión de funciones", indicó.
Afirmó que la firma a cargo de la construcción de la galería de Gamarra tiene que pagar todos los beneficios sociales a los deudos e indemnizarlos, "sin perjuicio de que cada uno le inicie un proceso legal o civil". Pidió al Ministerio de Trabajo (Mintra) que mejore las inspecciones laborales en las obras y que contrate personal calificado, como ingenieros y arquitectos.
Según Toyama, la sanción para la constructora debería ser la cancelación de su registro y la publicación de su nombre como una empresa con alto índice de siniestralidad.
El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Lelio Balarezo, reveló que la informalidad en la construcción es del 90% en el país y del 70% en Lima. Precisó que la constructora J.A.A. Contratistas Generales no cumplía con las normas de seguridad y no estaba inscrita en Consucode ni en el Mintra.
SE LAVAN LAS MANOS. En tanto, el presidente Alan García señaló que en la muerte de los obreros hubo una "negligencia criminal" que debe ser sancionada duramente. "El Estado sería corresponsable si no metiera a la cárcel a los culpables", aseveró.
La ministra de Trabajo, Susana Pinilla, destacó que este año, en la capital, se han realizado 1,700 visitas a obras. El resultado: 470 multas y 120 clausuras. Anunció que se incrementarán los controles en los centros de labores. ¿Su portafolio recién se da cuenta de la importancia de inspeccionar las construcciones? Y ayer, en La Victoria, fueron paralizadas 36 obras por disposición edil. ¿Tenían que esperar una desgracia?
El abogado Julio César Castiglioni advirtió que la alcaldía de La Victoria podría ser incluida en un proceso, como tercero civil responsable, por no haber fiscalizado la obra de Gamarra.
El decano del Colegio de Ingenieros, Javier Piqué, criticó que se haya promulgado la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas (29090), que permite la construcción sin control municipal. "Para sacar una licencia de construcción para un edificio de cinco pisos, basta simplemente con presentar los planos. No es necesario que pase por una comisión municipal, lo cual no deja de ser un error", refirió. Pidió que la norma sea modificada.
¿Y quién es el responsable? Mario Huamán, secretario general de la CGTP, considera que el Gobierno tiene gran parte de la culpa pues -según arguye- conoce de esta situación y no hace nada para mejorar las condiciones laborales de los obreros.
"Cuando denunciamos los maltratos, nos tildan de comunistas. Estas son las consecuencias de la falta de respeto a los derechos laborales", subrayó.
Huamán agregó que existen más de 200 mil obreros que, al igual que los fallecidos, están desprotegidos. Se calcula que hay más de un millón de empleados de diversos sectores en la misma situación. Exigió que se aplique todo el peso de la ley sobre Gerardo Mamani, propietario del terreno donde se produjo el derrumbe. Anunció que las víctimas recibirán apoyo legal de la CGTP y 10 mil soles de ayuda.
Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama opinó que el Gobierno no ha cumplido con su labor de fiscalización. "No existe un marco de regularización y fiscalización adecuado. En este caso, yo diría que ha habido omisión de funciones", indicó.
Afirmó que la firma a cargo de la construcción de la galería de Gamarra tiene que pagar todos los beneficios sociales a los deudos e indemnizarlos, "sin perjuicio de que cada uno le inicie un proceso legal o civil". Pidió al Ministerio de Trabajo (Mintra) que mejore las inspecciones laborales en las obras y que contrate personal calificado, como ingenieros y arquitectos.
Según Toyama, la sanción para la constructora debería ser la cancelación de su registro y la publicación de su nombre como una empresa con alto índice de siniestralidad.
El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Lelio Balarezo, reveló que la informalidad en la construcción es del 90% en el país y del 70% en Lima. Precisó que la constructora J.A.A. Contratistas Generales no cumplía con las normas de seguridad y no estaba inscrita en Consucode ni en el Mintra.
SE LAVAN LAS MANOS. En tanto, el presidente Alan García señaló que en la muerte de los obreros hubo una "negligencia criminal" que debe ser sancionada duramente. "El Estado sería corresponsable si no metiera a la cárcel a los culpables", aseveró.
La ministra de Trabajo, Susana Pinilla, destacó que este año, en la capital, se han realizado 1,700 visitas a obras. El resultado: 470 multas y 120 clausuras. Anunció que se incrementarán los controles en los centros de labores. ¿Su portafolio recién se da cuenta de la importancia de inspeccionar las construcciones? Y ayer, en La Victoria, fueron paralizadas 36 obras por disposición edil. ¿Tenían que esperar una desgracia?
El abogado Julio César Castiglioni advirtió que la alcaldía de La Victoria podría ser incluida en un proceso, como tercero civil responsable, por no haber fiscalizado la obra de Gamarra.
El decano del Colegio de Ingenieros, Javier Piqué, criticó que se haya promulgado la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas (29090), que permite la construcción sin control municipal. "Para sacar una licencia de construcción para un edificio de cinco pisos, basta simplemente con presentar los planos. No es necesario que pase por una comisión municipal, lo cual no deja de ser un error", refirió. Pidió que la norma sea modificada.
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